Repudian sectores argentinos liberación de represores

Prensa Latina.
Buenos Aires, 20 dic (PL)

Pese a la marcha atrás en la decisión judicial de poner en libertad a represores procesados por crímenes durante la última dictadura (1976-1983) continúa la ola de repudio a esa medida.El Partido Comunista de Argentina (PCA) califica lo dictado anteayer por la Cámara Nacional de Casación de una verdadera provocación a la sociedad y una muestra de que el poder judicial está permeado por personajes cómplices de la dictadura militar.Un comunicado firmado por su secretario general, Patricio Echegaray, destaca que el PCA apoya el pedido de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación de exigir juicio político a los miembros de esa Cámara.La justificación para adoptar esa medida en beneficio de 11 ex altos oficiales de la Marina –excesivo tiempo de detención sin que se les dicte sentencia- plantea la necesidad de que el Congreso argentino trate una reforma del Código Penal para acelerar los juicios a los genocidas.“El gobierno debe instrumentar un plan jurídico orgánico para juzgar en su verdadera extensión y con rigurosidad el problema del genocidio, este es el complemento que requiere la anulación de la leyes de impunidad”, remarca el documento.El Equipo de Querellantes y Abogados en la Causa Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), Primer Cuerpo y Campo de Mayo, repudió la excarcelación y afirmó que pone en riesgo la continuidad de los juicios, y también la integridad y seguridad de los cientos de sobrevivientes, familiares y abogados, que actúan en estas causas.“Si quieren dar mil pasos atrás, no los dejaremos caminar”, advirtió en un comunicado, en el cual subrayó que decisiones judiciales como ésta siguen amparando la impunidad.“Hablamos desde el reclamo de justicia para nuestros 30 mil Compañeros Detenidos Desaparecidos. Hablamos desde la bandera que venimos levantando, desde la lucha, desde el compromiso y la pelea que seguiremos dando para que todos y cada uno de los genocidas estén tras las rejas”, acotó el documento.Por su parte, el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, denunció a los jueces implicados en la medida por adoptar “una de las peores actitudes conservadoras que puede tener el Poder Judicial”.