(Por Fabián Amico)
El pacto es evocado en medio de una particular y virulenta puja distributiva que cuenta con varias fuentes de alimentación y diversos protagonistas. Una fuente principal es el conflicto en torno a las retenciones: la captación de la renta agropecuaria (o de los productos primarios) involucra, de hecho, al gobierno (ingresos fiscales), al sector agropecuario (renta), a los industriales (ganancia) y a los trabajadores (el salario). También involucra a los acreedores externos (intereses de la deuda), porque del resultado de la puja anterior surge el excedente fiscal que manejará el Estado para pagar la deuda pública.
Sobre este conflicto se superpone otro, de carácter más general, entre los salarios y las ganancias. Y para colmo, los intentos de procesar esta puja por el ingreso se producen, al menos hasta ahora, en ausencia de un indicador de referencia confiable para ordenarla, ya que la manipulación de los precios del Indec dejó a la economía sin brújula. En cierto sentido, la presencia de un índice de inflación creíble apunta también a crear la fortaleza política clave para disciplinar a unos y otros en la definición de las porciones de ingreso de cada clase social que pueda fijar las condiciones para la preservación de las demandas de los trabajadores y, a la vez, sirva para evitar la aceleración de la inflación.
DE PACTOS Y TRAICIONES
La historia pasada de los pactos sociales en Argentina es muy variada y envuelta en el mismo tono de conflicto que caracteriza al presente llamado del gobierno. Entre las experiencias más importantes puede ubicarse el Congreso de la Productividad, convocado en 1955 por el Gobierno de Perón. La iniciativa fracasó por la pretensión de los empresarios de limitar los derechos de los trabajadores, a la vez que la CGT impulsó aumentos salariales por encima de lo previsto.
Casi dos décadas más tarde, se firmó el Pacto Social del 8 de junio de 1973, que tampoco pudo procesar el conflicto y terminó en la hiperinflación y el golpe de Estado de 1976. El pacto de Gelbard (gobierno), Rucci (CGT) y Broner (CGE) fue el más complejo, al ensayar el objetivo de constituir un programa económico y social integral, que incluía proyectos legislativos, como el impuesto a la renta potencial de la tierra (sic). Eran otros tiempos. Hubo un compromiso que incluía el congelamiento de precios y un alza general salarios. Luego se suspendían las negociaciones colectivas por dos años a condición de que los precios no se movieran. Pero el pacto no fue respetado. Los empresarios produjeron desabastecimiento; los sindicatos intensificaron el conflicto con reclamos adicionales de aumentos de salarios que desbordaban el liderazgo de las conducciones tradicionales.
Una década más tarde, en 1984, se lanzó la Conferencia Económica y Social, entre el gobierno, la UIA y la CGT. A poco de andar, la puja fue en ascenso y, agudizada por la aguda restricción de divisas que llevó a declarar la suspensión del pago de la deuda en 1986, condujo otra vez al desborde y la hiperinflación en 1989.
Tras esa experiencia, los acuerdos entre la CGT y UIA bajo el gobierno de Menem tuvieron un carácter enteramente diferente: se llevaron a cabo para flexibilizar el trabajo y privatizar la seguridad social. La intervención y arbitraje del Estado fue eclipsada por el dominio del mercado, y las regulaciones laborales fueron vistas como generadoras de desempleo, ineficiencia e informalidad. Con la convertibilidad, la necesidad de consenso quedó a un lado. El record de desempleo fue la política de ingresos del menemismo: fortaleció las condiciones para la desregulación laboral y modificó de raíz el sistema de fijación de salarios.
Implícitamente, todos estos pactos fueron una negociación entre clases y grupos sociales con un balance de poder diferente en cada etapa histórica. Las condiciones actuales son diferentes a las que caracterizaron las experiencias del pasado. El mercado laboral está fragmentado, y existen mayores dificultades para involucrar a la mayoría del universo asalariado en un acuerdo social. La economía se ha trasnacionalizado, con ramas enteras en manos de empresas extranjeras que muestran un deseo mínimo o nulo de asumir compromisos concertados. Y para colmo, las visiones sobre la política económica no podían ser más contrapuestas.
DEMANDAS INCOMPATIBLES
La UIA adelantó que buscará discutir el tipo de cambio, lo que supone una devaluación y con ésta una caída del salario real y del consumo interno. Los industriales reclaman además la reducción de la presión impositiva y la eliminación de los controles de precios. Moreno es aquí una excusa: se busca el objetivo de restringir al mínimo la intervención del Estado.
El sector agropecuario insiste en una rebaja de las retenciones y en eliminar las trabas a las exportaciones, lo que se traduciría en una caída salarial y (otra vez) una merma del consumo interno.
Además de disminuir las retenciones al maíz y al trigo, la Mesa de Enlace reclama una reducción gradual de las retenciones a la soja, de mejorar (¡subir!) los “bajos” precios de la carne y la leche. Por su lado, el gobierno descartó una devaluación aunque admitió que formarán parte del debate los impuestos a las exportaciones de granos, hoy en 35% para la soja y que en 2008 representaron casi 14% de la recaudación fiscal. A su vez, la CGT pidió al gobierno que convoque al Consejo del Salario para acordar un aumento del salario mínimo, actualmente en 1.240 pesos. En este marco, UOM (Unión Obrera Metalúrgica) reclama un aumento del 22 por ciento y promete un paro general de actividades.
Es obvio que las demandas de los diversos sectores en conflicto no son compatibles entre sí. La incompatibilidad de estos reclamos sobre el excedente se traduce, tarde o temprano, en inflación y, si ésta persiste, en caída del consumo y la inversión. Con un superávit fiscal cada vez menor, el gobierno comenzó a fines de 2008 a ajustar parte de los subsidios a los servicios públicos, subiendo indirectamente las tarifas, con el impacto que eso implica sobre el consumo.
En este contexto, asoma con fuerza una agenda ortodoxa: alza de tarifas, reducción del gasto (social), control de la inflación poniendo el salario como “ancla”, pago de la deuda con el Club de París, acuerdo con los tenedores de bonos que no entraron en el canje de 2005, etc. Esta agenda intenta legitimar el camino del ajuste. Aparecen opiniones acerca de que existirían “límites en el consumo como motor del crecimiento” y se reclama “concentrarse en la inversión”, como si fueran cosas separadas.
Hay una presión desequilibrante sobre el lado fiscal que termina induciendo políticas contractivas del gasto público, en un contexto donde el superávit fiscal se contrae. En tal marco, los economistas (ortodoxos) que forman opinión recomiendan enfáticamente que el gobierno haga el ajuste para restablecer los niveles de superávit previos. La incompatibilidad no podría ser mayor: por un lado se pretende que el Estado ceda recursos (baje impuestos a la UIA, reduzca retenciones al agro, etc.); por el otro, se le exige que aumente el excedente fiscal. En muchos casos, la incongruencia es groseramente manifestada al mismo tiempo y por los dos lados: reclamando rebaja de impuestos y mayor superávit. De hecho, el gobierno había concedido un menor superávit fiscal para enfrentar la crisis a través de un fuerte aumento en la inversión real directa del Estado (138 por ciento interanual en mayo), y de un aumento del 165 por ciento en las transferencias a las provincias. Es un poco la base mínima de una política keynesiana: ante un debilitamiento de la demanda agregada, el Estado debe jugar un rol expansivo (o menos contractivo).
Pero, claro, el achicamiento del superávit primario abre otro problema: cómo enfrentar los pagos de la deuda pública, que es a lo que se ha destinado el excedente fiscal en estos últimos seis años. Haciendo números gruesos, en todo este tiempo las retenciones a las exportaciones agropecuarias fueron a cancelar deuda. Ahora la frazada se achica y cada uno reclama no quedar a la intemperie. Es absurdo, luego de reclamar políticas contractivas y de glorificar al “campo”, que la Iglesia Católica y varios líderes de la oposición protesten contra el aumento de la pobreza. Por caso, la Coalición Cívica y otros sectores reclaman instrumentar una asignación universal por hijo de 200 pesos, lo que insumiría 25 mil millones de pesos anuales. ¿Cómo puede ser compatible este plan con la reducción de las retenciones y con el retorno al FMI?
EJES ALTERNATIVOS
Los ejes de una agenda progresiva deberían ser claros: una meta de crecimiento económico anual, un máximo de inflación tolerable concertado con premios y castigos, un compromiso de aumento de las exportaciones, una mejora en la distribución y en la reducción de los niveles de pobreza. Es una agenda simple, aunque parece lejana. Los trabajadores necesitan de la intervención del Estado para lograr la redistribución del ingreso, porque la sola vía de aumentos nominales de salarios solo es factible por periodos acotados en el tiempo y no puede ser la única y excluyente estrategia alternativa.
Si se dejan de lado las ideas románticas acerca de que los salarios nunca pueden ser “culpables” de la inflación (como si viviéramos en una economía socialista), debe entenderse que la inflación que deriva de la puja distributiva reduce el tipo de cambio en términos reales y disminuye la competitividad de la producción local. Luego, esto tiene efectos adversos sobre la inversión, la actividad y el empleo.
Finalmente, con la caída del empleo, se hace difícil la recuperación salarial.
Así, una redistribución sostenida del ingreso a favor de los asalariados solo puede resultar de una política de Estado. En este marco, un pacto debería fijar un conjunto de precios relativos (salarios, tasa de cambio y precios agropecuarios e industriales), que permitan lograr los objetivos mínimos de la agenda antes expuesta. Pero sería soberbia o inocencia pensar que la ignorancia de estos valores factibles es la causa del problema. El conflicto tiene una raíz estructural en intereses contrapuestos.
En tal marco, el pacto presupone que las diversas clases sociales pueden negociar sobre un programa mínimo, sea por acuerdo, sea por imposición de una sobre las demás. Así, un pacto progresivo debería apuntar a “disciplinar” a los empresarios mediante un plan que involucre metas cuantitativas explícitas, en términos de qué porcentaje del PBI debieran llevarse los salarios, cuánto la ganancia y cuánto el Estado. Para que el establishment no imponga su agenda ortodoxa, es el Estado quien, finalmente, debe imponerle a los grandes grupos económicos las pautas estratégicas de dicha redistribución.
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